Tiempos de cuentas claras, por Alek Brcic Bello

El último miércoles fui invitado a las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas para entrevistar a la jefa de esa cartera, María Antonieta Alva. Instalados en un amplio salón que permitía guardar el distanciamiento social que la situación actual obliga a cumplir, la ministra procedió, antes de iniciar la entrevista, a realizar una presentación para las tres personas del Diario que asistimos a la reunión. El tema: la asignación de recursos y los montos involucrados en el plan económico del Gobierno para hacer frente al COVID-19 hasta el momento (con data actualizada al 14 de abril).

En una situación normal, lo anterior habría sido anecdótico, pero la totalidad de medidas anunciadas hasta la fecha por el sector público suman S/63,3 mil millones. Se trata de una cantidad única en la historia de las emergencias sanitarias en el Perú que equivale al 8,3% del PBI nacional o a casi un tercio del presupuesto público que estimó el Gobierno para el 2020 (es decir, en palabras de un político local, “plata como cancha”).

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Más aun, este monto forma parte de un plan económico más grande que probablemente termine comprometiendo la capacidad de endeudamiento del país, utilizando sus reservas y apelando a la responsabilidad fiscal construida en las últimas décadas. Con ello, es más que necesario saber en qué se quema todo el arsenal guardado.

Por supuesto, no todo en los más de S/63 mil millones destinados hasta hoy es gasto público. Medidas tributarias (como la prórroga de impuestos a las empresas o la reducción de tasas arancelarias) cubren S/11 mil millones. Iniciativas como los créditos de Reactiva Perú o la liberación de un monto de las AFP y de la CTS para trabajadores en planilla, representan otros S/46,1 mil millones. La diferencia del total es gasto público (acá están, por ejemplo, los bonos a distintos sectores de la población, los subsidios a las planillas y el dinero asignado a la atención médica de la emergencia). Es decir, S/6,2 mil millones, o algo menos de 1% del PBI.

En un contexto como el actual, debería ser una prioridad absoluta del Gobierno hacer un esfuerzo extra por comunicar las cifras de una manera transparente y a medida que se implemente cada política pública nueva. Afortunadamente, parece que en el Ejecutivo lo han entendido de esa manera.

Ahora, es cierto que mantener a la ciudadanía informada sobre los gastos del Estado no es una novedad. Incluso la Ley 27806 exige que así sea. Según esta norma, las entidades públicas deben difundir “el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos”. Además, hace ya casi 20 años que existe el programa de Transparencia Económica (hoy Consulta Amigable) para que cualquier ciudadano con acceso a Internet pueda ver cómo, dónde y cuándo se gasta cada sol del presupuesto nacional (hoy este portal incluye, además, una opción para hacer un seguimiento detallado a los gastos derivados del COVID-19).

Y entonces, ¿por qué saludar que se haga un esfuerzo extra por cumplir con la ley? Porque en un país como el Perú, en el que en un mes de cuarentena ya se han registrado presuntos favorecimientos en la adquisición de víveres para las canastas repartidas por los municipios, sobrevaloración en la compra de mascarillas para la policía e irregularidades en el proceso de compra de ventiladores mecánicos, mientras más ojos estén atentos a los gastos en los que incurre el sector público, mejor preparados estaremos para enfrentar la pandemia.

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