La reforma integral de pensiones que trabaja el Congreso tiene por objetivo alcanzar una pensión universal, que estas sean justas y dignas y hacer el sistema más eficiente y sostenible en el tiempo.
Sin embargo, según los expertos, los lineamientos de la propuesta, hasta ahora conocidos, no cumplirían con sus objetivos. En el mejor de los casos solo sería una reforma cosmética y, en el peor, agravaría la situación.
Así, para abordar el problema de baja cobertura, ocasionado porque la obligatoriedad de ahorrar para la vejez solo está limitada a los trabajadores en planilla, el Congreso propone un sistema multipilar, en el que los aportes de los trabajadores no pobres sean destinados a dos fondos: uno de riesgo compartido con fines redistributivos y otro de riesgo individual.
La presidenta de la comisión multipartidaria encargada de la reforma, Carmen Omonte, afirmó mediante un cuestionario a Día1 que en ambos fondos, los afiliados tendrían cuentas individuales. Pero, no dejó en claro la necesidad de que se tengan dos fondos y dos cuentas para cada afiliado, ni tampoco el propósito redistributivo.
Este último ha generado la alerta de los especialistas porque podría aumentar la informalidad y desincentivar el ahorro previsional. Según el economista Felipe Morris, esto debido a que esa parte del ahorro con fines redistributivos serviría para ayudar a financiar la pensión del 75% de la población que en la actualidad no aporta.
Morris argumenta que, si bien la ayuda puede ser necesaria, es injusto que solo recaiga en un pequeño grupo de la población, cuando debería ser financiado por todos, familias y empresas, y la única forma de hacerlo es mediante impuestos.
“Desde el punto de vista de equidad, la propuesta no es sensata”, comenta.
AFILIACIÓN DE INDEPENDIENTES
También, Omonte indica que la reforma plantea políticas que promuevan el ahorro de los trabajadores independientes mediante la cultura previsional y programas de capital semilla, el ‘matching contribution’, entre otros.
En el caso de los dependientes, se propone que parte de los aportes sean financiados por el empleador.
Para Morris, la evidencia muestra que la única forma para aumentar la cobertura de los independientes es obligándolos a cotizar.
El economista Pablo Secada señala que existen dos principales razones que hacen que los independientes y los informales no coticen. En primer lugar, sobre todo en el Congreso, se habla mal de las AFP y del sistema de pensiones diciendo que se roban el dinero de los afiliados. Más aún, todos los gobiernos de turno hacen cambios al sistema.
En segundo lugar, dado que las pensiones representan un beneficio futuro, las personas no encuentran incentivos para ahorrar en el presente. Por ello, es muy poco probable que de la noche a la mañana los independientes e informales crean en el sistema porque una comisión del Congreso se los pida.
Incluso, a decir de Hugo Ñopo, investigador principal de Grade, no se puede hacer una reforma que busque incluir a más personas al sistema previsional, cuando no existe paralelamente otra que busque resolver el problema del mercado laboral.
“No puedes construir un altar en el segundo piso si el primer piso está endeble. El primer piso en este caso es el mercado de trabajo. Con ese punto de partida, cualquier cosa que hagas en el segundo piso, o sea en el sistema de pensiones, resulta siendo marginal o cosmético”, indica Ñopo.
Por ello, Secada propone que se elabore una reforma de protección social que brinde como beneficio además de pensiones, salud y protección de los ingresos, como los bonos que se han entregado a las familias durante la pandemia. Debido a que esto tangibilizaría el beneficio de contribuir.
ESTATIZACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL
Una tercera crítica a la reforma es el planteamiento de la figura del organismo público autónomo, que según Omonte, se encargaría de centralizar los procesos administrativos y operativos para reducir costos a los afiliados que “pagan altas comisiones”.
Para los expertos, la figura de esta institución estatiza el sistema e impide a las personas elegir entre el sistema público y el privado.
Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, afirma que si bien los fondos podrán ser administrados por las AFP, le preocupa que este organismo ordene sobre las inversiones que se harán. La experiencia con el Instituto Peruano de Seguridad Social muestra que el Estado es un pésimo gestor.
Así, existe una serie de preocupaciones por la reforma que requiere del debate y el consenso de los involucrados.
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