Después de cuatro meses de paciente investigación, Petro-Perú comenzó a tomar acciones concretas contra los trabajadores y funcionarios acusados de cometer actos delictivos reiterativos. Sobre este y otros temas, El Comercio conversó con el presidente de la estatal.
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Tenemos entendido que Petro-Perú empezó a cursar cartas de despido a trabajadores y funcionarios acusados de corrupción.
Hemos iniciado la entrega de cartas de preaviso de despido a una serie de personas acusadas de delinquir.
¿Puede explicarnos a quiénes están denunciando?
Un aspecto central de nuestra gestión es la lucha contra la corrupción. Y la corrupción la cometen personas dentro y fuera de Petro-Perú, y a diferentes niveles. Entonces, hemos efectuado un trabajo de investigación muy largo y con pruebas muy fuertes, en diferentes ámbitos: compras y contrataciones, revisiones de cuentas, venta de activos y descuentos comerciales.
¿Que han encontrado puntualmente?
Hemos encontrado a muchos trabajadores involucrados en actos sistemáticos de fraude. De acuerdo a la legislación vigente, corresponde enviarles un preaviso de despido para darles derecho a la defensa. Uno de los acusados ha pedido más días para ejercer este derecho, y se lo hemos dado. También hemos sacado a la luz, con el apoyo de la policía, casos de robo de combustibles en Talara.
¿Robos efectuados por mafias talareñas?
Robos en los que han estado involucrados personal de nuestras plantas con gente de afuera. Estamos investigando eso a fondo para identificar a toda la red. Pero también hay problemas con las denominadas “mermas”, que, en realidad, revelan actos ilegales de apropiación de bienes que pertenecen a todos los peruanos. Eso se tiene que investigar, porque nuestras mermas son mayores que la de otras empresas comparables.
¿Por mermas se refiere a robos en la comercialización de combustibles, por ejemplo?
Sí. Desgraciadamente, durante muchos años esos actos delictivos se catalogaron como mermas y bajos márgenes de Petro-Perú. Eso es un tema de corrupción. Se puede corregir pero debemos invertir en tecnología para impedir que se repita. Ahora estamos trabajando en cambiar una cultura de muchas décadas de tolerancia a la corrupción. Por eso, debemos recurrir a la sanción social.
¿A qué se refiere con sanción social?
La sanción social puede referirse al hostigamiento sexual, que también lo tenemos. Estamos luchando frontalmente contra eso y buscando empoderar activamente a nuestras mujeres [...] Una medida consiste en aislar a los hostigadores para que se sientan unos parias. Y lo mismo con los responsables de robos y vivezas.
Entonces, van a aplicar una combinación de despidos y sanciones.
Despidos, amonestaciones, sanciones. Todo lo que la ley nos permita. El problema es que hay delitos que la ley no nos permite sancionar. Y es en esos casos donde la sanción social ayuda muchísimo.
¿Aparte de los despidos habrán sanciones judiciales?
Lo más fácil es no hacer nada más. Si ha habido gente que le ha robado a la empresa, no solo debe ser despedida sino enviada a la justicia. Eso es lo que pasaría si alguien roba en una empresa privada o en un domicilio. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros?
¿Los gerentes están comprometidos en este esfuerzo?
Sí. Esto es parte de una política de Estado. Me siento muy cómodo con un Gobierno que enfatiza la lucha contra la corrupción, que es la piedra angular de todo aquí. Pero hay otros problemas que estamos resolviendo. Por ejemplo, la construcción de la nueva Refinería de Talara, que es el proyecto de inversión pública más grande en la historia del país.
¿Ya solucionaron las diferencias con Cobra y Técnicas Reunidas [los contratistas del proyecto]?
Hubo una serie de problemas, que ya los hemos solucionado. Hemos sido muy transparentes en explicar que fue lo que pasó y cuál ha sido el costo de arreglar esos problemas (US$220 millones de sobrecosto). Por eso, estamos pidiendo una investigación para identificar a los responsables.
Pero usted ha explicado que ese sería un caso de negligencia.
Esto no es una cacería de brujas. Yo creo que acá el problema ha sido la altísima rotación de funcionarios. No es un tema de corrupción. Otro problema es el Oleoducto Norperuano y qué hacemos con el petróleo de la Amazonia, que es un recurso que nos ha dado la Naturaleza y que estamos dejando en el subsuelo.
CONVENIO CON PETROAMAZONAS
¿Cuándo tomarán la decisión de cerrar el oleoducto, debido a las pérdidas que genera para Petro-Perú [US$20 millones al año]?
Allí tenemos buenas noticias, en términos de algunos lotes que están empezando a producir más petróleo, como el 95 (Petrotal). Además, estoy viajando el próximo jueves a Quito para firmar un memorando de entendimiento con Petro-Amazonas [petrolera estatal ecuatoriana], para ver la posibilidad de transportar su petróleo por nuestro oleoducto en el mediano plazo.
¿Eso ayudará a hacerlo más rentable?
Eso nos ayudará a cubrir los costos fijos de manera importante. Pero también nos pone el reto de ampliar la infraestructura.
¿Se necesitará una ampliación? Tenemos entendido que el oleoducto puede transportar hasta 200 mil barriles por día (bpd). ¿O no es así?
Esa es una excelente pregunta. Yo también tenía esa cifra en mente. La verdad es que el oleoducto llegó a transportar hasta 130 mil bpd en los años 70 y 80, pero eso depende de la viscosidad del petróleo: mientras más pesado es, menos es lo que se transporta. Hoy podemos llegar a 50 mil o 60 mil bpd, porque el petróleo que hoy se produce en la selva es más pesado que antes.
¿Cuántos barriles de petróleo aportaría Ecuador?
Podría aportar 10 mil, 20 mil o 30 mil bpd. El problema que tenemos ahora es que no transportamos ni 15 mil bpd.
¿Con qué volumen se cubrirían los costos fijos?
Yo diría que cubriríamos nuestros costos y atraeríamos más inversión privada con tres veces el actual volumen.
¿Lo de Ecuador es por ahora un memorando de entendimiento?
Todavía no es un contrato, porque Petro-Amazonas tiene que desarrollar sus lotes y construir redes ductos hacia el nuestro. Es un trabajo a mediano plazo.