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El avance de la pandemia del coronavirus ha colocado en segundo plano otros asuntos acuciantes para el país, como la reorganización de Osinergmin y la identificación de las causas que originaron la deflagración de gas licuado (GLP) en Villa El Salvador (VES), que ha costado la vida de 33 personas.
Para cumplir con ambos objetivos, el gobierno creó en febrero pasado un “comité de reorganización”, que viene recogiendo las observaciones y propuestas de todos los actores, especialmente, de los que más saben de GLP en el Perú: las empresas que comercializan este combustible.
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Inicialmente afectados por la magnitud de la tragedia de VES, los comercializadores formales de GLP se mantuvieron a la expectativa, señalados como los ‘malos de la película’.
Pasada la marea, sin embargo, han vuelto a salir a la palestra para remarcar lo que ya venían advirtiendo años atrás: que había que poner un alto a la informalidad y contrabando en el sector, para evitar un daño irreparable.
Ese temible escenario se hizo realidad el pasado 23 de enero, cuando un camión cisterna dedicado a contrabandear GLP ocasionó una mortal deflagración en VES.
CONTRABANDO MORTAL
Los comercializadores de gas licuado tienen bien claro cuál es la raíz de esta tragedia: el incentivo perverso ocasionado por la diferenciación de precios entre el GLP envasado (para uso doméstico) y el GLP a granel (para uso industrial y vehicular), que se arrastra desde 2012.
“Esta diferencia de precios es un cáncer porque la informalidad nace de allí”, explica Fernando Cabada, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), que agrupa a los comercializadores más grandes de gas licuado.
“Hace tiempo todos los sectores estamos pidiendo el precio unificado del GLP, como fue desde un principio”, remarca Abel Camasca, presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú (Aseeg), conformada por 57 plantas envasadoras con autorización de Osinergmin.
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"Antes de 2004, todas las cisternas de GLP tenían la obligación de pernoctar en una planta envasadora", señala Abel Camasca, gerente general de la asociación de envasadores de gas.
/ DANTE PIAGGIOLos representantes de ambas asociaciones se reunieron, precisamente, el pasado 12 de marzo para unificar criterios y aportar soluciones que eviten que se vuelvan a repetir eventos como los de VES.
La primera y fundamental, anota Camasca, es lograr la unificación de los precios del GLP envasado y a granel, una decisión que compete al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
PROBLEMA DE FONDO
El especialista recuerda que en un inicio ambos productos tenían el mismo precio. Hablamos del 2004, cuando el Estado creó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), mecanismo que evita que la volatilidad del precio internacional del petróleo impacte en los combustibles de consumo popular.
Es el caso del GLP, el energético más consumido a nivel nacional.
El problema se empezó a gestar en 2012, cuando “a alguien en el gobierno se le ocurrió sacar el GLP a granel del fondo”, refiere Camasca.
La consecuencia fue el distanciamiento de precios entre este producto y el GLP envasado, que quedó como el único ‘estabilizado’, en función a su componente social (como energético de uso doméstico).
El resultado fue que comenzaron a proliferar los contrabandistas de GLP, que adquieren gas envasado pero no con el propósito de destinarlo a los hogares, sino de convertirlo en GLP a granel (más caro) para expenderlo en grifos, ganando un margen en el proceso.
Tanto la Aseeg como la SPGL concuerdan en que es necesario unificar ambos precios, ya sea sacando el GLP envasado del FEPC o devolviendo el GLP a granel.
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Es más, la SPGL ha estimado que la unificación de precios traería aparejada una rebaja de por lo menos S/2 en el precio del balón de gas.
CRUZADA CONTRA INFORMALIDAD
Unificar los precios del GLP es la medida que más urge concretar, pero hay más.
Una acción importante es apuntar la fiscalización hacia los comercializadores informales, pues “los únicos fiscalizados hasta la fecha siguen siendo los formales”, anota Cabada.
Tanto la SPGL como la Aseeg son unánimes en señalar que la suspensión por 90 días de todas las nuevas autorizaciones de almacenamiento, distribución y comercialización de GLP, ordenadas por el gobierno en febrero pasado (DS 023-2020 PCM), están impactando al sector formal pero no al informal.
Por este motivo, la Aseeg se reunió el pasado 11 de marzo con el comité de reorganización (de Osinergmin) para proponerle la necesidad de aclarar los alcances del D.S.
“Quisiéramos saber qué se está haciendo contra la informalidad, donde no alcanza el espíritu de la norma”, anota Camasca.
“El sector está paralizado y esta parálisis solo beneficia a los informales, que siguen operando porque no son fiscalizados”, agrega Cabada.
Los gremios de gas licuado esperan que el comité encargado de la reorganización de Osinergmin entregue en mayo próximo un informe con conclusiones consistentes, que eviten más pérdidas de vidas humanas por accidentes trágicos.
“El comité se formó con la idea de reorganizar Osinergmin, pero su espíritu debe ser entregar una explicación para que lo de VES no vuelva a suceder nunca más”, acota Camasca.
