Los conflictos sociales en minería y energía vuelven a escalar. En Ayacucho, el Corredor Minero, Antamina y la selva norte, el Gobierno deberá aún enfrentar distintos conflictos. Para afrontarlos, el Minem ha nombrado como nuevo jefe de su oficina de Gestión Social al sociólogo Marco Sipán, aliado político del presidente Pedro Castillo, a quien varias publicaciones sindican como activista antiminero. Sobre este y otros temas conversamos con él, en esta entrevista.
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—Antes de hablar sobre la estrategia del Minem para resolver conflictos, debo preguntarle: ¿Es usted antiminero? Varias revistas de minería han señalado eso, y sería un contrasentido si lo fuera.
Varios medios han escrito eso porque nosotros somos de una corriente de izquierda, que apoya al profesor Pedro Castillo. Pero mi posición nunca ha sido en contra de la inversión, ni en las actividades extractivas ni en las de ningún tipo. Sin embargo, hay ese estigma.
—¿No es cierto, entonces, que tenga un cariz antiminero?
Lo que siempre he mencionado, y tengo escritas varias publicaciones al respecto [en varias páginas web], es que debería haber un nuevo pacto social para que la minería, los actores sociales y el Estado, puedan prever los conflictos sociales. Porque hay dos tipos de minas: las que tienen prácticas antiguas y las nuevas minas, que sí trabajan con los diferentes actores y cumplen sus compromisos sociales.
—La revista Energiminas lo cita diciendo: “La percepción de la mayoría del pueblo peruano que respalda al profesor Castillo es que las transnacionales están saqueando los recursos naturales”. ¿Es una opinión suya o se refiere a la opinión de la población?
Me refiero a la percepción de la población. Con Energiminas tengo otra publicación donde ellos se retractan, porque yo digo, más bien, que el oro, el petróleo y la energía deben estar al servicio de la Patria, porque el libre mercado ha dejado actuar libremente a las empresas, no solo en minería. Lo que debe haber, entonces, es una planificación a largo plazo para que se tenga un norte a 50 o 100 años en los recursos energéticos. La mía es una posición reformista.
—Usted ha sido vicepresidente del MAS, partido político fundado por Gregorio Santos, principal impulsor de la paralización de Conga. ¿No es ese un antecedente antiminero?
Nosotros conocimos a Gregorio [Santos] cuando se lanzaba para candidato presidencial y ya había cambiado su discurso. Porque antes él revindicaba mucho los temas de cabeceras de cuenca y el cuidado ambiental. Pero eso fue dos años atrás. Ahora apoyamos al profesor Pedro Castillo a partir de otra organización que se llama Vamos Pueblo y que es una propuesta centro-progresista.
—¿Cuál es, entonces, la estrategia que aplicará en relación a los conflictos sociales, como los de Ayacucho?
Una cosa es el activismo político que he tenido y otra cosa es mi quehacer profesional, porque ahora tengo que cumplir lo que demanda el sector y sus propias normativas. Eso significa que tenemos que hacer un diálogo que promueva la inversión extractiva, responsable y sostenible. No el tipo de diálogo que va a la explosión social y a prometer cosas a la población para que se calme. Tenemos que hacer un papel pedagógico porque siempre tenemos que poner por delante la política del sector.
—Allí entra a tallar el concepto de rentabilidad social, lanzado por el Gobierno. ¿Lo están trabajando ya?
Sí, pero no podemos trabajarlo solo desde el Estado, porque caeríamos en una visión parcial. Por eso, estamos organizando un gran encuentro nacional para el 2022 con las empresas mineras, los actores sociales, el Estado y la Academia.
—¿Este encuentro será con todas las minas del país?
El encuentro todavía está en etapa de diseño a nivel nacional. Lo que estamos haciendo ahora es sacar un evento con los pueblos amazónicos, como un plan piloto para hacerlo después con el sector minero. Yo tengo recién 15 días en el cargo y lo que traemos aquí, a propósito de tu pregunta si soy o no antiminero, es mi experiencia en el trabajo con comunidades, lo que me da cierta confianza y credibilidad con los actores sociales. Y las empresas mineras saben que tengo ese enfoque de dar solución a los problemas para que puedan trabajar.
—¿Podrá trabajar sin problemas con las empresas extractivas, aun cuando algunas pueden sentir prevenciones por su pasado político?
Claro que sí. Nuestro objetivo desde Gestión Social del Minem es viabilizar y promover los proyectos mineros y extractivos sostenibles y que cumplan todos los estándares ambientales, sociales y laborales. El país necesita de inversiones sostenibles. Esa es la política del gobierno del pueblo.
—¿En qué conflictos sociales están poniendo énfasis?
Lo que hemos identificado como urgente es el Corredor Minero del Sur, donde estamos tomando atención y donde necesitamos el apoyo de las empresas mineras. Y el otro es la selva [de Loreto]. Eso no quita que estemos atendiendo otras zonas. Solo en el sector minero-energético hay 190 conflictos, pero tenemos un personal muy reducido. Ahora estamos planificando, para el 2022, contar con personal en cada conflicto social, y coordinadores regionales que puedan plantear estrategias de prevención. Ese es el gran avance que tenemos.
—¿Cuántas personas estaban viendo estos temas?
Aproximadamente 40 personas, de las cuales, en el terreno, eran muy posos. Entonces, una de las promesas del ministro de Energía y Minas es poner en el terreno, allí donde hay conflicto social, personal del Minem para que sea el interlocutor.
—¿Cuál es la injerencia del Minem en Ayacucho?
Cuando el conflicto sobrepasa el tema minero, energético y petrolero, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) entra como articulador. Nosotros vamos a coordinar y colaborar para llevar nuestras soluciones. En el caso específico de Ayacucho, ha sido la PCM la que ha tomado la dirección del conflicto. Por eso es que en nuestra representación fue el viceministro. Donde tomamos la dirección del diálogo, va el ministro y es nuestro equipo el que trabaja.
—¿Qué objetivos esperan conseguir este y el próximo año?
Uno es mejorar la comunicación. Comunicarse no puede ser tomar una carretera. Si nosotros ponemos nuestro personal para que coordine con la mina y los actores sociales, lo primero que va a pasar es que se entablará el diálogo. Por eso, exhortamos a las empresas mineras a voltear la página de los años anteriores, cuando ambos lados se ponían intransigentes y llevan sus diferencias al Poder Judicial. Nuestro objetivo es presentar nuevas metas de diálogo y superar el pasado para llegar a este gran pacto por la minería.
—¿La meta no es trabar las inversiones mineras desde adentro, como señalan sus detractores?
El Minem existe para promover las actividades mineras, petroleras y eléctricas. Otras entidades promueven el saneamiento o la construcción de carreteras. En nuestro caso, el diálogo tiene que ocurrir para hacer sustentable la actividad minera. Esa es mi responsabilidad. Mi experiencia profesional me permite ganarme la confianza de los actores sociales en el terreno.
—Imagino que usted es conocido en varias regiones por este motivo.
Sí. Para mí, el tema de la selva es nuevo, pero mi experiencia previa me permite identificar cuándo una agenda es legítima y cuándo hay intereses políticos. Recuerda que hay una ruta para ganar las elecciones, que es generar conflictos sociales y hacerse muy conocido. Por eso, debemos ser precavidos.
—Ese es un punto importante porque, muchas veces, cuesta identificar si el reclamo social es justo.
Muchos actores políticos salieron de estallidos sociales como el Moqueguazo. Entonces, hay una tradición donde se paralizan minas para participar en las elecciones.