El Ministerio de Energía y Minas (Minem) dio a conocer el miércoles 7 de octubre que acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de Luz del Sur, el cual lo obliga a emitir una nueva normativa (decreto supremo) que solucione las distorsiones del mercado eléctrico, originadas por la ‘declaración única de precios del gas natural’.
El anuncio tuvo lugar un día después de que el diario La República hiciera público el contenido de una misiva dirigida por Rosa María Flores-Araoz, CEO de Kallpa, al ministro de energía y minas, Luis Miguel Inchaustegui.
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En dicha comunicación, la funcionaria de la generadora eléctrica sugiere al titular del sector energía evaluar el inicio de un “proceso constitucional de amparo contra la sentencia”, sin “perjuicio de las acciones que Kallpa, a nombre propio, pueda iniciar”.
Como se sabe, Kallpa, Enel y Engie sostienen que la modificación de la declaración de precios del gas natural, en los términos que propone Luz del Sur, ocasionará más daño que bien al sector eléctrico.
El Minem aseguró al diario Gestión, sin embargo, que no tomará parte en ninguna acción legal contra la resolución del poder judicial.
“El Minem cumplirá la citada sentencia emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República; y, en su oportunidad, realizará las acciones que correspondan para su ejecución”, refirió.
Detalló que a ese fin seguirá el “procedimiento técnico correspondiente”, para garantizar que la regulación a emitirse sea de carácter general, respete el principio de igualdad y no responda a criterios arbitrarios.
También dijo que solicitará la participación de distintos actores para la formulación de la nueva norma y sugirió, finalmente, que el lugar indicado para “buscar puntos de encuentro” debería ser el Comité de Reforma del Sector Eléctrico (CRSE), el cual ya había desarrollado varias propuestas para modificar la declaración de precios del gas.
¿CÓMO ACTUARÁ EL MINEM?
Preguntado sobre el particular, Luz del Sur dijo sentirse satisfecho porque, finalmente, la controversia que dividía a los generadores eléctricos ha llegado a su fin.
“Lo importante es que la Corte Suprema dio un veredicto final y es momento de corregir todo aquello que causó esta distorsión perjudicial, principalmente, para los usuarios”, señala Mario González, gerente de desarrollo de negocios de la distribuidora eléctrica.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), por otro lado, considera prematuro especular sobre posibles escenarios, pues advierte que el Minem no se está pronunciando sobre “temas de fondo” ni sobre el “direccionamiento de las medidas” que va a implementar.
“Sólo ha descartado cualquier acción o contra-acción legal contra el fallo de la Corte Suprema”, apunta Pablo de la Flor, director ejecutivo del gremio minero-energético.
En su opinión, lo más probable es que las medidas que adopte el Minem no se distanciarán demasiado del marco normativo actual ni de las propuestas que, sobre el particular, venía manejando la CRSE.
Igual parecer tiene la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Marco Mejía, presidente de la Comisión de Energía del gremio industrial, apunta que el Minem solo ha aceptado que va a emitir una nueva norma, pero no clarifica hacia dónde va a direccionarla.
“Puede que decida fijar un precio máximo para la declaración de precios, o que no decida fijar ni mínimos ni máximos, sino otra medida. Y también cabe la posibilidad de que adopte la postura de auditar las declaraciones. Hay muchas opciones posibles”, refiere.
Esto es precisamente, lo que Luz del Sur pretende. La distribuidora asume que en adelante los generadores térmicos tendrán que declarar sus costos reales de producción, en vez de declarar costos ‘irreales’, cercanos a cero, como estarían haciendo ahora.
¿Y SI EL MINEM SE DEMORA?
Su expectativa es que el Minem ponga en práctica y ejecute la orden lo antes posible, pues, en tanto no se haga, “los ya conocidos perjuicios de esta distorsión continuarán perjudicando a distintos actores”.
Para asegurar que el ministerio no se demorará, diversos actores estarían preparando sendas iniciativas.
La República cita una denuncia penal contra Kallpa, Enel y Engie por concertación en la valorización del precio del gas, promovida por un vecino de Villa El Salvador, llamado Fernando Carhuancho, representado por el estudio Arbizu & Gamarra.
De hecho, el exprocurador Ronald Gamarra, socio del estudio, ha adelantado que el ministro de Energía y Minas puede ser denunciado ante la fiscalía por demorar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema y generar, de esta manera, un enorme daño económico a los usuarios.
La idea detrás de esto es que la eliminación de la declaración de precios de gas va a generar un ahorro de US$74 a 92 millones por año a los usuarios residenciales en su conjunto. Esto, por efecto de la disminución de la Prima RER, que es el subsidio que todos pagamos en nuestros recibos de luz para financiar la construcción de centrales solares y eólicas.
La SNI advierte, empero, que esta reducción será insignificante. Casi inexistente. Osinergmin la ha calculado en apenas el 0,5% del recibo de luz.
Los especialistas coinciden, eso sí, en que la eliminación de la declaración de precios tendrá como efecto inmediato el alza del costo marginal (o precio spot) de US$10 a US$25 el megawatt/hora. El resultado sería el incremento del precio de la energía en el mercado de clientes libres en el mediano plazo.
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