Licenciamiento universitario: entre aciertos y pendientes

A escasos ocho días para que la primera gran fase del proceso de licenciamiento de universidades llegue a su fin en todo el país, todavía son 27 las casas de estudios que esperan respuesta sobre si cumplen o no con las condiciones básicas de calidad (CBC), exigidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para seguir en carrera.

Si bien este proceso ha puesto fin a las llamadas universidades ‘chicha’, también es cierto que son más de 100.000 los estudiantes afectados [ver infografía], por lo que urgen respuestas a la incertidumbre que hoy por hoy viven estos alumnos, ya que en muchos de los casos todavía no han decidido cuál será su destino.

Según información extraoficial, alrededor de 30.000 alumnos se alejaron de las universidades sin licencia para trasladarse a aquellas instituciones que sí cumplen con las CBC, mientras que el resto (poco más de 70.000) no ha tomado aún una decisión sobre su futuro educativo.

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Al respecto, tanto Manuel Cortés, director de Aseguramiento de Calidad Académica de la UPC, como César Guadalupe, profesor de Ciencias Sociales y Políticas de la UP, coinciden en que la diferencia entre los niveles pensionarios de las universidades con licencias frente a las de licencia denegada, se convertiría en una de las principales barreras para lograr la continuidad de muchos estudiantes.

“Donde hay espacio y capacidad, se podrá cubrir y ofrecerán media beca o un cuarto de beca, pero a un número reducido. Una institución puede reducir sus pensiones, porque tiene capacidad ociosa, y en aulas para 40 alumnos solo tiene 30, entonces, no le cuesta absorber a diez más, pero no para una mayor cantidad, como las universidades de 20.000 alumnos o más sin licencia, ahí el problema es bastante más complejo”, afirma Cortés.

Una complejidad que para Guadalupe empeora si nos enfocamos en aquellas provincias en donde la oferta de educación pública solo puede ser reemplazada por una universidad privada.

“En Lima es relativamente fácil, porque hay más oferta de universidades públicas, pero en lugares donde no hay más y la única alternativa es una universidad privada o trasladarse a otra ciudad, ¿quién asume esos costos? Allí hay una clara responsabilidad pública, porque durante muchas décadas el Estado renunció a su rol de garante de una buena educación superior universitaria y algunas universidades hicieron lo que se les dio la gana”, sostiene.

Aun así, se espera que las universidades licenciadas opten por aplicar los mecanismos de responsabilidad social que estableció la Sunedu para que los alumnos de universidades sin licencia no interrumpan sus estudios.

¿FUSIONES A LA VISTA?

Y aunque los rumores de futuras fusiones y adquisiciones –tal como lo establece la propia Ley Universitaria en su artículo 121– se oyeron desde que la Sunedu denegó la primera licencia (a la Universidad Orval, en octubre del 2018), lo cierto es que hasta la fecha no se ha concretado compra alguna.

A excepción de lo que sucedería con la Universidad Sise, que se fusionaría con la Universidad Científica del Sur, ambas de propiedad del Grupo Educa_D, la figura de la fusión parecería no encontrar eco entre las universidades con licencia aprobada, que no verían con buenos ojos la compra de una entidad educativa sin CBC.

¿Por qué? Según Manuel Cortés, la infraestructura de las universidades sin licencia puede asomarse como un obstáculo porque, en muchos de los casos, no aprobaron las CBC porque sus locales no estaban bien diseñados.

“El problema debe verse de forma integral. Es posible que una institución compre a otra en la medida que sea [un negocio] viable, pero ¿cuánta inversión adicional va a tener que hacer en ese local para mantener los estándares de calidad establecidos? Por eso, no estoy seguro de que sea una solución”, remarca.

Similar es la posición de César Guadalupe, quien tampoco encuentra una salida en la figura de las compras y fusiones, por eso no duda en señalar que “la gran limitación es que a pesar de tener un soporte financiero muy grande para comprar una universidad que claramente no cumpla condiciones, va a tener que hacer grandes inversiones, porque de lo contrario peligra su propia existencia, ya que va a tener que volver a licenciarse”.

Frente a esa realidad, y considerando que 27 universidades no han culminado su proceso de licenciamiento, es muy probable que el plazo se extienda por algunos meses más (se le solicitó a la Sunedu la confirmación de este dato, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta).

Aun así, Guadalupe refiere que “es muy importante fortalecer en la sociedad el mensaje de que cerrar una universidad mala no es quitarle una oportunidad de educación a una persona, es impedir que esa persona siga siendo estafada”.