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El pasado 28 de julio la presidenta Dina Boluarte anunció el inminente desarrollo de un complejo petroquímico en el sur del Perú, el cual será, dijo, una de las metas emblemáticas de su gobierno.
Esto, con el doble propósito de producir fertilizantes de bajo costo y masificar el gas natural en las regiones del sur.
Transcurridos ocho meses, empero, no se ha vuelto a saber nada de esta iniciativa, como tampoco de otras presentadas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), como el relanzamiento del gasoducto sur peruano y el posible desarrollo de un ducto complementario por la costa (ducto costero).
Sí, en cambio, se ha avanzado con el proyecto especial de masificación del gas natural en Huancavelica, iniciativa estatal que tiene por meta inicial la conexión de mil hogares con recursos del FISE.
Se trata, sin embargo, de un proyecto que cae en la categoría de piloto por “el alcance acotado de viviendas beneficiadas y por la no inclusión de grifos, comercios o pequeñas industrias”, apunta Erick García, ex director general de Hidrocarburos del Minem.
Y que, además, traería la rémora de contar con la participación de Petro-Perú en calidad de administrador temporal, según el esquema impulsado por el exministro de Energía y Minas, Oscar Vera.
De allí, advierte García, la necesidad de designar cuanto antes a un concesionario para Huancavelica, lo que se lograría invitando a las empresas a presentar expresiones de interés o ampliando las concesiones existentes, como ha propuesto Cálidda.
Tres proyectos
Propósito de esta empresa es, precisamente, adherir Huancavelica y otras seis regiones alto-andinas a su concesión de Lima para “poder ofrecerles una tarifa competitiva”, explica su CEO, Martín Mejía.
Esto, aprovechando la inmensa demanda de gas natural de la Metrópoli, la cual permitiría subsidiar el tendido de redes no solo en Huancavelica, sino también en Cusco, Junín, Ayacucho, Ucayali, Puno y Apurímac.
En esa línea, Cálidda ha presentado al Gobierno una adenda para poder desarrollar este proyecto a cambio de renovar su concesión de Lima por diez años más.
Dicha propuesta implica una inversión de hasta S/1.200 millones (US$322 millones) para llevar el servicio de gas natural a 210 mil hogares alto-andinos en los primeros ocho años de operación.
Se trata, a decir de Álvaro Ríos, socio fundador de Gas Energy, de uno de los tres grandes proyectos de gas natural que el Gobierno podría poner en marcha al 2026 con un poco de impulso.
Los otros son el complejo petroquímico de Marcona (de US$1.200 millones a US$1.500 millones) y el ducto costero (US$1.300 millones a US$1.455 millones).
“Hablamos de una inversión conjunta de hasta US$3.500 millones, que las empresas privadas están dispuestas a ejecutar y que solo requiere de la voluntad política de las nuevas autoridades del Minem y el MEF”, indica el especialista.
En efecto, Walter Sciutto, CEO de Contugas, asevera que todo está alineado desde el sector privado para sacar adelante la petroquímica, con excepción del compromiso firme del Estado.
“Tenemos el puerto, el inversionista interesado (Enaex) y la oferta de gas. Solo falta que las diferentes entidades públicas trabajen en crear los mecanismos que permitan que los trámites, permisos, y el EIA fluyan de manera rápida”, señala.
E igual ocurre, agrega, en el caso el ducto costero, “proyecto que debería ser priorizado” para llevar el gas de Camisea lo antes posible al nodo energético del sur (dos a tres años) con el fin de evitar el alza en los costos marginales de la energía.
De acuerdo a Ríos, estos tres proyectos podrían despegar si el Minem implementa un equipo dedicado exclusivamente a impulsarlos, de tal manera que el Gobierno pueda anunciar su inicio de construcción el próximo 28 de julio.
