En larga espera

Cuatro años le ha tomado a Antamina recibir la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental para poder ampliar la vida de su mina hasta el 2036. Se trata de una operación que, al cierre del 2023, concentra el 15,8% de la producción nacional de cobre, el 12,9% de la producción de plata y el primer lugar en la producción de zinc con un 36%. Su relevancia es tal que representa el 32% del PBI de Áncash.

Es por ello que la noticia de que la mina tenga el visto bueno para ejecutar inversiones por US$2.000 millones en los próximos años llena de optimismo a un sector escaso de anuncios de dicha magnitud.

Sin embargo, sorprende la demora de cuatro años para una mina que lleva más de 20 años funcionando y para un EIA que no planteaba cambios fuera del territorio de operación. Se ha perdido la opción de ejecutar oportunamente una inversión que, a decir de Luis Miguel Castilla, director de Videnza, tendrá un impacto favorable de 1,3% en el PBI nacional.

El sentido de urgencia no puede anteponerse nunca al criterio técnico, pero vale la pena que los actores involucrados detallen el por qué de la demora en este proceso, detectar el problema y encontrar una mejora. En setiembre del 2023, en este mismo suplemento, informábamos que existen proyectos ‘brownfield’ que abrirían la oportunidad de hasta US$5.000 millones anuales.

El impacto de dicho nivel de inversión anual animaría la confianza del sector, elevaría la productividad de la minería en momentos de buenos precios de ‘commodities’ y tendría un efecto multiplicador sobre la economía peruana que aún no está en plena expansión.

Son dichos proyectos los que el nuevo ministro del MINEM deberá priorizar si es que -tal como ha dado a entender en sus primeras declaraciones- se busca generar confianza para invertir. El reto es enorme, pero los pasos a seguir ya son conocidos.