La renegociación del contrato del gas de Camisea tiene a todos en vilo debido a sus eventuales implicancias para el país. Si el Consorcio Camisea no quiere negociar “optaremos por la nacionalización o recuperación de nuestro yacimiento”, amenazó el presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, en un criticado tuit.
Pero eso no es lo más grave. Un análisis de lo dicho hasta ahora por el Gobierno sugiere que éste no tiene una clara idea de lo que busca conseguir de Pluspetrol, operador del Consorcio Camisea.
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“El Gobierno ha metido al país en un problema. No sabe qué es lo que quiere. Y nadie sabe tampoco qué va a pasar el 6 de octubre [fecha fijada para el inicio de las negociaciones] porque el Gobierno va a tener que pedir algo”, advierte Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas.
Una pista sobre las intenciones del Ejecutivo la brindó el mismo presidente Pedro Castillo en una reunión con las madres de familia de Huaycán, el sábado pasado.
“Las ollas no se llenan solas. Ya tenemos todo. Tenemos el pescado, pero ¿qué nos hace falta? Tenemos que luchar porque el gas llegue a todos los hogares del país”, dijo.
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El mandatario aludía, en otras palabras, a la necesidad de masificar el gas natural de Camisea. Es decir, a llevar este hidrocarburo desde la selva de Cusco hasta los hogares que lo necesitan para cocinar en la costa, sierra y selva.
¿Es ese el espíritu de la renegociación?
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Gas para la exportación
De lo dicho hasta ahora por el Gobierno, los especialistas en energía advierten que el primer tema de discusión será la exportación del gas de Camisea.
“Camisea es una bandera política. Pero eso no tiene nada que ver con el gas para consumo interno (lote 88) sino con la exportación del lote 56. Y en dos aspectos: la seguridad energética [por qué se exporta el gas] y por qué se vende a un precio tan barato”, anota Carlos Herrera.
El Ideario de Perú Libre es tajante en ese sentido. Según dicho documento, la exportación es una ‘estafa’ porque reditúa para el Estado solamente US$1,135 millones “cuando debiera ser US$23 mil millones, a precio de mercado”.
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Dia Boluarte, primera vicepresidenta de la República, lo ha explicado con las siguiente palabras en una reciente entrevista en Canal N.
“Los gobiernos anteriores han entregado nuestra riqueza natural, no para el beneficio del Estado peruano. Están sacando nuestro gas y esa empresa [Peru LNG] lo está llevando hacia México y lo está vendiendo a un costo que no beneficia al Perú. Entonces, hay que sentarnos para renegociar”, dijo.
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Se trata, como se puede ver, de nada muy nuevo, sino de la misma (o similar) proclama manejada en su momento por Alan García, Ollanta Humala y el candidato presidencial Alfredo Barnechea.
“Por esta razón no debe causar alarma la renegociación de los contratos. El problema son las amenazas [de Bellido] y el hecho de que no se ha explicado bien que se quiere renegociar”, apunta Aurelio Ochoa, ex presidente de Perú-Petro.
Pese a ello, el especialista considera que el Gobierno podría querer revaluar el netback o mecanismo por el cual se fijan las regalías del lote 56. Pero lo que no podría hacer es incrementar estas porque, si eso ocurre, “nadie compraría el gas en el exterior, debido a la fuerte competencia”.
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) ha advertido que una negociación en esos términos desencadenaría demandas internacionales contra el Estado peruano por unos US$30 mil millones. Pero, ¿es la exportación del gas el problema de fondo, como aduce el Gobierno?
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¿Exportar o no exportar?
Lo primero que hay que entender sobre Camisea, es que este yacimiento produce dos tipos de hidrocarburos. Uno es el gas natural, y otro son los líquidos de gas natural, de donde se extrae el famoso gas licuado o GLP.
Ambos exhiben problemáticas diferentes. El uso del GLP está tan popularizado y crece de tal manera que la producción de Camisea no cubre su demanda y se tiene que importar la diferencia (el 20%).
Con el gas natural ocurre, sin embargo, lo contrario: su consumo no crece sino que, incluso, se reduce, lo cual motiva que el 25% de lo producido por Camisea se reinyecte al subsuelo, la única solución a la mano ante la imposibilidad de almacenarlo en la superficie o arrojarlo a la atmósfera (debido a las normas ambientales).
“Entonces, no es que el gas natural no alcance para el consumo nacional. Sobra y lo tenemos que reinyectar”, apunta Plablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE.
En este contexto, limitar o suspender la exportación de gas natural para reorientarlo al consumo de las familias peruanas tendría consecuencias catastróficas.
Luis Espinoza, ex viceministro de Energía, advierte que si ello ocurre nos veríamos obligados a reinyectar ya no el 25% sino el 60% de la producción de este hidrocarburo.
Como consecuencia, el lote 88 (dedicado al consumo interno) se dañaría irremediablemente porque todas las operaciones de reinyección se realizan allí y porque “no es posible reinyectar mucho gas sin malograr el yacimiento”, explica.
Es por ello, advierte Pablo de La Flor, que el gran desafío del Gobierno en este momento es procurar avanzar en la masificación del uso del gas natural para “evitar estas situaciones tan contradictorias, en las que tenemos que importar GLP cuando podríamos estar consumiendo gas natural, más barato y abundante”.
¿Cómo conseguir esto?
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Redes de ductos
Para masificar el gas se necesita estimular la demanda interna y, sobre todo, transportar el hidrocarburo de forma barata y eficiente hasta los lejanos centros de consumo.
“No se puede masificar el gas natural llevándolo en camiones (o ductos virtuales). Para eso se necesitan gasoductos”, sostiene Álvaro Ríos, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia y socio director de Gas Energy.
Prueba de ello es el éxito del proceso de masificación en Lima, Callao e Ica, únicas regiones con gasoductos; y el fracaso de la concesión Sur-Oriente, alimentada mediante camiones cisterna.
Por esta razón, los especialistas consultados para este informe aconsejan que la mejor manera de masificar el gas natural es retomando el gasoducto surperuano (detenido desde el 2016) o tendiendo gasoductos de menores dimensiones por la costa, donde “la inversión es más barata y se puede conectar al 70% de la población peruana”, señala Carlos Herrera.
En opinión de Luis Espinoza, esto se lograría extendiendo el ducto de Contugas hasta Tacna, por el sur; y proyectando el ducto de Cálidda desde Ancón hasta Piura, por el norte, donde “se daría la mano con el gasoducto que actualmente construye Promigas”.
“Y, para el caso de la sierra, podríamos construir un ramal en Cusco, y aprovechar el ducto existente en Ayacucho para proyectar tuberías hacia Junín y Apurímac”, añade el exviceministro.
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El objetivo, remarca Felipe Cantuarias, presidente de la SPH, debería ser el mismo que el Plan Bicentenario de Perú Libre: masificar y no expropiar.
“En ese sentido, esta es una oportunidad para que el Gobierno y el sector privado trabajen en el desarrollo de la infraestructura que se requiere para que el gas natural llegue a todo el Perú”, indica
La exhortación es apropiada porque la construcción de infraestructura es una política que “corresponde al Gobierno”, coincide Ochoa.
“El Estado ha descuidado la masificación. Los productores pueden suministrar el combustible y participar como socios, pero el que debe jugársela es el Estado”, enfatiza el geólogo.
El modelo a seguir, según los especialistas consultados para este informe, debería ser el de Colombia, país que ha conseguido llevar el gas natural al 72% de su población con una combinación de empuje estatal (de Ecopetrol) y apoyo privado.
Para que los privados se mojen con la inversión, sin embargo, el país necesita reglas claras. ¿El Gobierno las garantizará?
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