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En los últimos cinco años, pese al impacto de la pandemia, las remuneraciones y el número de contrataciones en el sector público crecieron a un mayor ritmo que en el sector privado formal. Entre el 2019 y el 2023, la brecha entre el gasto promedio por trabajador inscrito en planilla del Estado respecto de las empresas se amplió de 25% a 32%, según estimaciones del Consejo Privado de Competitividad (CPC).
El año pasado, el gasto por trabajador en el Estado –en los tres niveles de gobierno– ascendió a S/48.686; mientras que en el sector privado (desde empresas grandes hasta mypes) fue de S/36.950. Así, un empleado público percibió casi la tercera parte más que uno del sector privado.
En un informe publicado en El Comercio, el CPC reveló que para este año, el presupuesto inicial o de apertura (PIA) para el rubro “Personal y obligaciones sociales” creció en casi S/10 mil millones en comparación con el PIA del 2023, demandando más recursos del presupuesto nacional.
Entre el 2019 y el 2023, el gasto en salarios creció en 26 de los 30 sectores del Gobierno Central analizado: ministerios, Legislativo, entes judiciales y organismos autónomos. Los gastos mensuales más altos por trabajador fueron en la cancillería (S/16.309), el Congreso de la República (S/11.690), el Tribunal Constitucional (S/8.686) y la Junta Nacional de Justicia (S/8 mil).
En tanto, la mayor variación acumulada de este gasto en dicho período se registró en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (+71%) y en el Congreso (+53%).
El Poder Legislativo es la única institución que integra ambas listas. Ahí, el gasto por trabajador suma S/175.354 anuales o S/11.690 mensuales, casi 12 veces el salario mínimo [ver gráfico].
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Reforma pendiente
El exministro de Economía David Tuesta, director ejecutivo del CPC, señaló que a diferencia del sector privado, los sueldos en el Estado no se determinan por la productividad o eficiencia de los trabajadores, sino por fines políticos o presiones sindicales. Pese a esto, considera necesario analizar la situación de cada organismo por separado.
“En la cancillería hay una escuela diplomática, funcionarios de carrera, que es una aproximación de su productividad, personal destacado en el extranjero. No es un privilegio, [el gasto alto en planilla] está relacionado con su función. En el Congreso el aumento se justifica menos, su productividad es baja. Cuando el CPC hizo un análisis de impacto regulatorio de aquellos proyectos dictaminados por las comisiones de Economía y Defensa del consumidor entre el 2021 y el 2023, más del 99% de las leyes era malas y tenían la peor nota”, explicó.
Tuesta resaltó que en los últimos cinco años el aumento de los sueldos ha sido el componente de mayor impacto en el crecimiento del presupuesto para las remuneraciones en el Estado.
“Hay que llamar la atención de que es un problema fiscal grande. Está bien que el ministro de Economía haya puesto el ojo en los gastos administrativos excesivos para reducir el presupuesto, pero no es suficiente. El principal problema está en las planillas”, opina.
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El exviceministro de Hacienda Carlos Casas explica que los salarios en el sector público suelen ser más altos en puestos no especializados, en comparación a aquellos altamente calificados, que ganan más en el sector privado.
La empresa privada además viene recibiendo una migración de trabajadores del sector público, debido a la inestabilidad y alta rotación durante los dos últimos gobiernos.
Casas también considera en que debe establecerse una fórmula basada en la productividad para determinar los salarios.
“Lo que ocurrió en el 2021 y el 2022 fue haber cedido a presiones populistas que aumentaron sueldos sin mejoras en la productividad. Se contrata a gente por cuestiones políticas y no con la mentalidad de generar valor público. Pese a todo, el tamaño del Estado es relativamente pequeño, se necesita gente que trabaje, pero que lo haga bien”, opinó.
“Hay que llamar la atención de que [el aumento del gasto en remuneraciones] es un problema fiscal grande. Está bien que el ministro de Economía haya puesto el ojo en los gastos administrativos excesivos para reducir el presupuesto, pero no es suficiente. El principal problema está en las planillas”.
David Tuesta, presidente ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía.
