Sin freno a la violencia: Minedu no ha resuelto más de 2 mil denuncias por bullying desde el 2015

Un promedio preocupante: cada año 1.100 menores de 15 años se convierten en madres en el Perú

“Javier” terminó internado en un hospital con la mandíbula partida en dos. Pese a ello, su caso jamás se resolvió. Ni el director de su colegio, ni las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), ni de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) continuaron con el reporte de su denuncia en el portal SíSeve, la aplicación del Ministerio de Educación (Minedu) que permite que cualquier persona pueda registrar un caso de violencia escolar.

Este no es el único caso que lleva años sin concluirse. Un análisis de ECData de las denuncias registradas en SíSeve revela que, a la fecha, hay 2.039 casos de violencia física y psicológica que aún no se han cerrado, pese a que las denuncias se realizaron entre 2015 y marzo del 2023. Existen cinco denuncias que llevan alrededor de ocho años sin resolverse.

En el 33% de los casos el agresor fue un profesor o personal administrativo de la institución educativa. Asimismo, en el 43% de las denuncias la agresión se dio más de una vez.

En el 2020, se publicó la Resolución Ministerial 274-2020 del Minedu. A través de este documento se establecieron plazos para la atención, derivación, seguimiento y cierre de casos de violencia física y psicológica contra menores en centros educativos.

La norma indica que, si el agresor es un profesor, hay un plazo de 60 días para resolver los casos, mientras que si es un alumno, el caso se debe cerrar en un máximo de 75 días. Pese a ello, solo en el 2023 ya existen más de 390 casos que debieron resolverse porque se venció el plazo, pero siguen sin concluirse o sin ser atendidos.

"Si el agresor es un profesor, hay un plazo de 60 días para resolver los casos, mientras que si es un alumno, el caso se debe cerrar en un máximo de 75 días"

Por otro lado, desde el 2015 existen más de 44 mil denuncias por violencia física y psicológica. El 33% de los agresores (más 19 mil) eran maestros. En promedio, cada año se registran 2.137 denuncias contra profesores y personal administrativo de las instituciones educativas por violencia física y psicológica.

Según Víctor Sausa, abogado especializado en violencia escolar de Alianza de Colectivos Por Equidad en Derechos Humanos (ARIFE), las consecuencias de no resolver los casos son diversas: surge una revictimización institucional contra la víctima y su familia, la víctima queda a merced del victimario y se genera un mensaje de impunidad de la violencia escolar. Además, los casos en los se podría reclamar indemnización civil por daños y perjuicios prescriben a los 2 años.

“Estos 2 mil casos no resueltos por violencia física y psicológica acreditan la inexistencia de auditoría operacional sobre la gestión, y se está evidenciando que no se implementan las medidas necesarias de protección física y emocional para las víctimas a nivel administrativo, policial, fiscal, judicial”, recalca Sausa.

Para Sausa, existen algunas medidas urgentes que el Minedu debería tomar en cuenta. En primer lugar, que se supervisen los tiempos de atención asignados a cada protocolo que se ha estipulado en la resolución del 2020, incluyendo las sanciones efectivas para cada director.

En segundo lugar, se deben implementar medidas de protección escolar, como el alejamiento inmediato de la víctima y el victimario, el cambio de aula o turno, el impedimento de comunicación física, telecomunicación y virtual; la educación en modalidad virtual o a distancia para el agresor, y el traslado temporal de posibles victimarios a otra institución educativa dentro de la misma UGEL. Para esto último, cada UGEL debería implementar una institución educativa de acogida especializada en este tema.

“Estas medidas ya las estamos logrando a nivel judicial, vía fiscalías y juzgados de familia, en plazos cortos de 48 horas y cinco días útiles. Lamentablemente, aún hay resistencia por parte de los directores para informar a los padres de familia y apoyar esta posibilidad de medidas inmediatas”, explica Sausa.

En comunicación con este Diario, el Minedu sostuvo que viene gestionando “la contratación de Especialistas de Convivencia Escolar en cada DRE y UGEL, quienes tienen la función de supervisar la atención de dichos casos de violencia”.

Además, la entidad mencionó que “desde la Dirección de Gestión Escolar se han realizado dos operativos para exhortar a las UGEL a la supervisión correspondiente y se han logrado identificar nudos críticos que influyen en que existan casos que si bien han sido atendidos por la IE, aparecen como pendientes de atención o en proceso de atención”.

Según explicaron, los nudos son el acceso limitado a internet, el desconocimiento y falta de compromiso de los nuevos directivos y la alta demanda de casos que excede la capacidad de los especialistas para realizar seguimiento a la finalización de la atención en el portal SíSeve

Asimismo, para evitar que se sigan incrementado las denuncias, el Minedu sostuvo que se han implementado medidas como la validación de un Programa Integral de Prevención de la Violencia. “Este año se viene validando un PREVI en 2.128 instituciones educativas identificadas en alto riesgo de violencia, beneficiando a más de 1,3 millones de estudiantes a nivel nacional”.