Distritos más inseguros tienen los menores fondos para garantizar la seguridad y el orden público

La reciente declaración de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres –y el pedido de aplicar esta medida a 33 distritos de Lima Metropolitana– refleja el acelerado deterioro de la seguridad ciudadana en la capital. Pese a esto, los recursos de los municipios más vulnerables para afrontar el crimen son los más escasos de la ciudad.

Las dos primeras comunas encabezan, junto con Cercado de Lima, el ránking de denuncias por comisión de delitos ante la policía, y concentran casi el 18% de estas incidencias (28.121 de 166.000 en el 2022, y 11.129 de 63.192 de enero a abril del 2023), según cifras recogidas por el INEI. Sin embargo, su presupuesto per cápita para orden público es menor a S/22, cifra que representa menos de la tercera parte del promedio distrital en Lima (S/66 por persona).

La brecha de recursos también se observa en distritos de Lima norte –cuyos alcaldes fueron los primeros en pedir que se amplíe el estado de emergencia en sus localidades–, con fondos por debajo de los S/47 per cápita. Estos municipios se ubican en la mitad inferior del ránking presupuestal distrital en seguridad por habitante [ver cuadro].

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Si bien el Gobierno anunció que invertirá S/54,5 millones adicionales en este rubro en las zonas en estado de emergencia (San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, en Piura), solo S/15 millones irían a las arcas de las tres comunas.

Santa María del Mar, San Isidro y Miraflores son los distritos que administran más recursos contra la delincuencia per cápita (más de S/400 por habitante).

Para el 2023, los 43 municipios limeños disponen de S/665,1 millones para garantizar la seguridad vecinal y comunal, según el MEF. Pero a casi tres meses de culminar el año, solo han invertido el 52,7% de sus fondos (S/350,8 millones).

¿En que invierten los municipios que solicitan ser declarados en estado de emergencia? En diálogo con El Comercio, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, señaló que a la fecha en su jurisdicción se ha creado un comando de vigilancia, así como una base de datos de reconocimiento. Pero considera que su presupuesto debe duplicarse para tener el mínimo requerido de serenos.

“En nuestro caso, el presupuesto debería aumentar a S/18 millones [disponen de S/8,2 millones]. Somos 400.000 habitantes, necesitamos 1.500 efectivos para cumplir con la cifra estándar [una por cada 300 personas]. A fin de año tendremos 400 serenos y actualmente contamos con 300 policías”, detalla.

"Si vemos homicidios, hay que prevenir que existan muchas armas y municiones, subir impuestos, investigar cómo las armas llegan a mercados ilegales"

Castillo insistió en su pedido de que se aplique el estado de emergencia en su jurisdicción, pero sin restricciones que afecten la vida de los vecinos. “Compartimos el 80% de nuestros límites con SMP; hay que evitar el traslado de las bandas a nuestro distrito. La estrategia debe incorporar a las FF.AA. como disuasivas, no en todo el territorio, pero sí en las zonas más ‘calientes’”, dice.

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Para Noam López, investigador del centro de investigación Pulso PUCP, los municipios tienen un rol vital en la lucha contra el crimen, especialmente en la prevención. “Los gobiernos locales tienen que invertir en prevención, que no son cámaras, chalecos o gorras, o contratar serenos. Este concepto es específico en cuanto al tipo de economía ilegal o delito que tienes en frente. Si vemos homicidios, hay que prevenir que existan muchas armas y municiones, subir impuestos, investigar cómo las armas llegan a mercados ilegales. Sacar jóvenes que entran en organizaciones criminales. El estado de emergencia es más de lo mismo”, indica.