Desde el inicio de su mandato, en julio del 2021, el actual Congreso de la República ha impulsado y aprobado normas o modificaciones constitucionales que han afectado la institucionalidad y las reformas emprendidas en al menos cuatro sectores. Tras una revisión de la legislación de dicho período, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio ha recopilado, en detalle, 14 leyes que cambiaron las principales reglas de juego y que tendrán un impacto a mediano y largo plazo en la educación, la economía, la institucionalidad política y el medio ambiente. La mayoría han sido calificadas como contrarreformas.
Asimismo, existen otras ocho iniciativas que, de ser promulgadas, implicarían retrocesos en el transporte y la lucha contra la criminalidad.
De este grupo grupo, nueve normas o modificaciones constitucionales se aprobaron durante las dos últimas legislaturas correspondientes al período de la actual mesa directiva, presidida por el congresistas Alejandro Soto. Asimismo, 6 de las 14 fueron aprobadas por insistencia por el Congreso; es decir, pese a las observaciones hechas por el Ejecutivo, ministerios u organismos especializados [ver infografía].
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En educación, la norma que propone el ingreso de los maestros interinos a la carrera pública magisterial (Ley 31996) y que afecta el sistema meritocrático en la carrera docente, aprobada por insistencia en abril de este año, estuvo precedida por la ley que modificó el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Supervisión Universitaria (Sunedu), así como por la disposición que habilita la participación de los padres de familia en la elaboración de textos educativos y las sucesivas ampliaciones del bachillerato automático. Las tres primeras fueron aprobadas por insistencia.
Este Diario reveló que, entre julio del 2021 y el 15 de mayo del 2024, los congresistas y los gobiernos locales presentaron 134 proyectos de ley para la creación de nuevas universidades públicas.
En el ámbito económico, las contrarreformas también afectaron la capitalización del sistema previsional. Según la SBS, la autorización del séptimo retiro de las AFP (Ley 32002) implicaría la salida de S/29,5 millones y que el 89% de afiliados (8,1 millones) se queden sin saldos en sus cuentas individuales. Los anteriores retiros aprobados desde la pandemia sumaron otros S/87.938 millones.
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Impacto político
A pesar de haberse aprobado una reforma institucional importante como el retorno a la bicameralidad, otros cambios como la modificación de las PASO, la ley que limita la colaboración eficaz, la ley que modifica los plazos para sancionar a los candidatos que no informen sus gastos de campaña o la limitación de la cuestión de confianza han generado controversia por sus posibles impactos negativos en el sistema político.
Para Alejandro Boyco, politólogo y analista de 50+uno, con este último grupo de normas el Congreso ha logrado expandirse en términos de poder e influencia sobre otros actores políticos y limitar el control que tenían sobre él.
“Incluso con nuevas elecciones o actores va a ser complicado regresar a un sistema más equilibrado, donde el Poder Judicial pueda controlar ciertas acciones del Congreso o que este no trate de influir sobre la Junta Nacional de Justicia. La economía podría volver a crecer, las reformas de transporte o educación con mucho esfuerzo se podrían recuperar, pero la capacidad de limitar políticamente al Congreso va a ser muy difícil”, explica.
El especialista añade que, tras la vacancia de Pedro Castillo, la dinámica del Congreso se centró en adoptar medidas para subsistir políticamente hasta el final de su mandato, lo cual fomentó muchos acuerdos entre bancadas en un Legislativo fragmentado. “Las propuestas ideológicas y planes de gobierno pasaron a un segundo plano en este Congreso con el único objetivo de sobrevivir en el cargo y llegar al 2026, o más allá, con la reelección”, opina.
Otros cambios de leyes que aún no se concretan
De otro lado, existen iniciativas a nivel de comisiones o dictámenes que, si bien aún no han sido promulgadas, pueden ser abordadas en la próxima legislativa para su aprobación. Entre estos temas figuran aquellos relacionados al retroceso en la reforma del transporte, así como otros cambios referidos a la inmunidad parlamentaria y estructura de los gobiernos subnacionales.
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