Viviendo con sus agresores: el otro riesgo de niños y niñas en la pandemia

Desde que inició el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, uno de los problemas ha sido la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes en sus hogares. Los casos no se detuvieron con el encierro.

La Defensoría del Pueblo ha identificado diversos problemas en el sistema de justicia que perjudica a este sector. En un informe emitido en abril del 2020, señala que previo a la declaratoria de emergencia por COVID-19, el “Programa Nacional Aurora”, adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, reportaba que los Centros de Emergencia Mujer atendieron, entre enero a marzo de 2020, un total de 12.014 casos a nivel nacional sobre violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

A partir de ellos, se formulan observaciones, así como recomendaciones, con relación a las disposiciones oficiales emitidas para la prevención del contagio por sus repercusiones, directas o indirectas, en la niñez y adolescencia víctima de violencia. “La violencia es un problema antiguo de la niñez y adolescencia que siempre ha constituido un desafío para el Estado, para la sociedad civil y para las familias, y el desafío mayor ha sido la prevención y atención de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia”, indicó Matilde Cobeña, Adjunta (e) para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.

En el 2020, año en el que se declaró el Estado de Emergencia por el avance del COVID-19, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) atendió 35.661 casos de violencia hacia niños y niñas. De esa cifra, 97 habían sido violentados diariamente de diversas formas. Hubo un total de 4.238 casos de violación sexual y se reportó que 11 niños eran violentados sexualmente diariamente, según las cifras del MIMP.

“La protección es para todos los niños, niñas y adolescentes incluido la identidad de género distinta para todo el territorio peruano. Los niños y niñas violentados pueden denunciar la violencia personalmente o a través de un amigo, amiga, vecino o testigo del hecho. La policía debe cumplir su rol, hacerle caso a los niños, niñas y adolescentes para que no sientan que están desprotegidos”, agregó Cobeñas al ser consultada sobre cómo denunciar estos hechos. Actualmente, hay una serie de instituciones para hacer las denuncias como la Defensoría del Pueblo y la Demuna. Además, existen las Unidades de Protección Especial y los Jueces de Familia.

“El reto es que se cumplan las normas que existen para atender estos casos de violencia”, añade Cobeñas. Por ello, remarcó que se deben difundir las normas como el Decreto Legislativo 1470, difundir los derechos de los niños niñas y adolescentes, obligaciones que tiene el Estado en esta materia.

Este informe fue realizado por los corresponsales escolares Angelica Valeria Shica Quispe, Jeffery Nicole Mayorga Nina, Valeria Pilar Gutierrez Hancco y Mireya Beatriz Chamorro Lopez del colegio Fe y Alegría 26. Bajo la mentoría de la docente Vilma Guerra y la periodista Giovanna Castañeda.